El Colegio Médico Dominicano (CMD) aseguró ayer que la
muerte de pacientes, que son “rebotados” de un centro de salud a otro en busca
de atención especializada de emergencia o de cuidados intensivos, es fruto de
las precariedades del Sistema de Salud; mientras que la Asociación de
Administradoras de Riesgos de Salud (ADARS) entiende que el Estado debe ser
enérgico en su rol de hacer cumplir las leyes.
Waldo Ariel Suero, presidente del CMD, y José Manuel Vargas,
presidente ejecutivo de Adars, emitieron sus opiniones por separado al ser
preguntados sobre el debate que ha generado en el país las frecuentes denuncias
de cobros o falta de atención en los servicios de emergencias de clínicas y
hospitales, tras la muerte del combatiente constitucionalista Claudio Caamaño
que, de acuerdo a sus familiares, recorrieron varios centros en busca de
atención médica luego que sufriera un accidente de tránsito.
Suero dijo que los “rebotes” y muertes de muchos
dominicanos, sobre todo pobres, se debe a las deficiencias del sistema de salud
y a la necesidad de que se destine una mayor inversión al área. Señaló que la
deficiencia de camas de cuidados intensivos en el país supera las 2,000.
“La odisea que vive una persona y el médico cuando tiene que
trasladar un paciente que necesita de cuidados intensivos y un ventilador, es
grande”, dijo Suero. Agregó que esas debilidades también se observan en los
servicios de emergencias. “La muerte de Claudio es responsabilidad del sistema
de salud y el Estado dominicano, que no acusen a más nadie, que son expertos
acusando”, dijo Suero.
A su vez, Vargas dijo que la atención a un paciente que
llega en condición de emergencia a un centro de salud no requiere de ningún
tipo de discusión y recordó que existen protocolos que deben ser respetados.
“Cuando un paciente va en condiciones graves a un centro
médico hay que estabilizarlo, ese es su derecho, porque la salud es un derecho
constitucional establecido y tiene que atenderse el paciente”. A su entender
eso de los “rebotes” debe manejarse con un criterio de mayor responsabilidad y
hacer que se cumplan las normativas legales vigentes.
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